La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de Ana María Figueroa, resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la Megacausa Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisiones domiciliarias. De esta manera, cesará la imposición de cárcel común resuelta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán.
La Megacausa fue el proceso más grande realizado hasta el momento en el NOA en busca de enjuiciar a los culpables de la represión, la muerte y las desapariciones cometidas durate la última dictadura militar.
En este juicio se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en dos de los centros clandestinos de detención (CCD) más grandes de Tucumán. En uno de estos, El Arsenal Miguel de Azcuénaga, a partir del impulso dado por los familiares querellantes en la causa y las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia, se encontraron las fosas donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos luego de ser torturados y ejecutados.
El proceso había dictaminado cuatro cadenas perpetuas, otras 33 condenas de diferente pena y cuatro absoluciones, entre las que destacaban el sacerdote José Eloy Mijalchiyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, dos de los cuatro civiles que formaron parte de la causa.
Ahora, luego de la condena dictaminada por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, Casación resolvió que los 37 acusados vuelvan a gozar de privilegios que por ejemplo, la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. "Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros", denunciaron al respecto organismos de DDHH que repudiaron la decisión judicial.